Recurso contra las altas en el CERA por la ley de nietos
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La Junta Electoral Central aprobó en su sesión de ese día el Acuerdo 204/2026 (expediente 209/361), que responde de una vez a los escritos de «diferentes formaciones políticas, personas y entidades» sobre la aplicación de la ley de nietos y su efecto en el censo, y rechaza suspender la elaboración del CERA. leer la pieza →
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El acuerdo no fue unánime: el vocal Carlos Vidal Prado firmó un voto particular al que se adhirieron Vicente Magro Servet, Fernando Marín Castán y Javier Tajadura Tejada. leer la pieza →
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Iustitia Europa fue, según su propia nota, el primero en impugnar el acuerdo: pide suspender provisionalmente las altas del CERA vinculadas a expedientes de nacionalidad de la ley de nietos y, de forma subsidiaria, que se identifiquen por separado, se revisen con prioridad, se auditen y se conserven íntegros expedientes, registros electrónicos y metadatos. leer la pieza →
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Un día después que Iustitia Europa, Vox presentó su propia petición de cautelares para paralizar el alta automática en el CERA de quien obtenga la nacionalidad por esta vía hasta que haya sentencia, alegando que las directrices administrativas vulneran el artículo 23 de la Constitución, según ABC. leer la pieza →
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ABC adelantó, con acceso a la providencia, que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo convoca vista oral y pública para el 7 de septiembre de 2026 a las 10.00, y el propio recurrente lo anunció ese día en una nota de prensa. leer la pieza →
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El 7 de septiembre no se juzga el fondo ni se suspende censo alguno: solo se debate si proceden medidas cautelares mientras el pleito se resuelve. leer la pieza →
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La providencia del Supremo no es un documento público y Actualidad Libre no ha podido leerla: fecha, hora, sección, cita a las partes y la frase sobre «la relevancia y alcance de las cuestiones jurídicas» proceden de ABC y de la nota del partido recurrente; tampoco consta públicamente el número del recurso. leer la pieza →
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Cuánto ha crecido el censo exterior por esta vía no consta en ninguna fuente oficial: el INE no desglosa cuántas altas del padrón exterior proceden de la ley de nietos, y ni el organismo estadístico ni la Junta Electoral atribuyen a la norma las 156.036 altas de 2025 que maneja el escrito de Iustitia Europa. leer la pieza →
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En la vista, Vox defendió la suspensión para «preservar la legalidad, objetividad, transparencia e igualdad» en la formación del censo y evitar que siga «aumentando de forma anómala, cuando no legal»; Iustitia Europa alegó que una sentencia tardía podría llegar «cuando ya no pueda ser materialmente útil» para «reconstruir con certeza una elección ya celebrada». La Abogacía del Estado se opuso, alegando que suspender privaría del derecho al sufragio a ciudadanos con la nacionalidad ya reconocida por actos administrativos firmes; la Fiscalía se sumó a esa oposición. Ambas rechazaron la acusación de los recurrentes de que el Ejecutivo esté inflando el censo. leer la pieza →
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La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimó la medida cautelar de Vox e Iustitia Europa: suspende, hasta que dicte sentencia, los efectos electorales de las inscripciones en el CERA derivadas de la ley de nietos. El CGPJ habla de estimación de la cautelar; El País la describe como estimación parcial de lo pedido por los recurrentes. leer la pieza →
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El auto distingue dos situaciones y una excepción: para los trámites en curso, se continuará la tramitación hasta finalizar el expediente, pero la inscripción en el censo quedará suspendida hasta sentencia; para quienes ya figuran en el CERA, se suspenden los efectos electorales de esa inscripción en los sucesivos procesos electorales. La excepción rige para quien obtenga de los registros consulares una certificación de que nació fuera de España y es hijo o nieto de españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación de identidad sexual; el Supremo ordena a la Junta Electoral Central requerir de inmediato a esos registros. No impone costas «dada la complejidad de las cuestiones abordadas». leer la pieza →
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Ordena además a la Oficina del Censo Electoral, por conducto de la Junta Electoral Central, separar las inscripciones que proceden de la aplicación directa de los supuestos de exilio de la ley de las tramitadas al amparo de la instrucción ministerial de 2022, y fija plazos: no más de quince días para que la Oficina del Censo entregue el informe complementario pendiente, y no más de diez para que la Junta apruebe después la instrucción que aclare las lagunas detectadas. leer la pieza →
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Los dos autos con la argumentación —uno por cada recurso— se notificarán en los próximos días, cuando se incorpore el voto particular de uno de los seis magistrados que deliberaron; de momento solo se conoce el acuerdo. Tras la decisión, Iustitia Europa reivindicó haber «abierto esta batalla cuando nadie la había llevado hasta el final» y Vox celebró haber logrado «suspender el intento de manipulación del censo electoral para alterar las elecciones». leer la pieza →
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Ninguna fuente pública dice cuántos electores quedan en suspenso. El País cifra en más de 2,4 millones las personas que hasta el 31 de marzo habían pedido cita en oficinas consulares para solicitar la nacionalidad por esta vía, según datos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática facilitados a finales de junio; son citas pedidas, no nacionalizados ni inscritos en el censo. leer la pieza →
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El Tribunal Supremo dio a conocer dos autos sobre el censo exterior para las generales del 29 de noviembre. En el primero rechazó la petición de Vox y de Iustitia Europa de extender la suspensión al voto de los 189.678 hijos de las personas nacionalizadas por la ley de nietos: admitió que era «consecuencia directa y necesaria» de lo ya acordado con los padres, pero lo rechazó por el calendario —la suspensión de los padres se adoptó el 10 de septiembre, «mucho antes de la disolución anticipada de las Cortes Generales», mientras que la de los hijos llegaba «transcurrido más de la mitad del periodo electoral» y «a dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los consulados»— y por la dificultad de ejecutarlo a tiempo: habría que repetir con ese colectivo las notificaciones internacionales, los plazos y las garantías ya aplicados a los padres. Rechazó también el argumento de la Abogacía del Estado de que el impacto sería pequeño, al no poder saberse cuánta gente votará y ser el colectivo de los hijos mayor que el de los padres. leer la pieza →
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En el segundo auto desestimó los recursos de asociaciones de afectados y de particulares y mantuvo la suspensión que ya pesaba sobre los padres, 162.454 personas (163.355 descontadas las 901 que aportaron certificación consular de exilio); dijo apreciar ahora «con mayor intensidad» las razones para mantenerla, «después de conocer la relación nominal de las personas que aparecen afectadas», «su considerable cifra y las presuntas irregularidades con que, aparentemente, han podido acceder al CERA». Según ABC, el resto adquirió la nacionalidad por la presunción de exilio de la instrucción ministerial de 2022; cita el caso del consulado general en Buenos Aires, con 17.775 expedientes aprobados sin que ninguno incluyera prueba de exilio. Son valoraciones del tribunal en fase cautelar: el fondo del pleito sigue sin sentencia. leer la pieza →
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Los dos autos no fueron unánimes. La magistrada María Alicia Millán discrepó, de nuevo, de mantener la suspensión de los padres: «No comparto la tesis de que la sola invocación del interés general consistente en preservar la pureza o regularidad del censo electoral permita justificar la suspensión cautelar del derecho de sufragio activo de ciudadanos españoles»; los afectados son «aproximadamente el 0,42 por ciento» de los 38.728.356 electores del censo aplicable a estas elecciones. El magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero sostuvo en sentido contrario que la ampliación a los hijos «debió ser aceptada» y que las nuevas medidas «pueden y deben hacerse efectivas en tiempo y forma». leer la pieza →
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Fuentes del Gobierno celebraron que no se amplíe la suspensión, a la que llaman «un freno a la estrategia de las organizaciones ultraderechistas», y lamentaron que el mismo razonamiento no se aplique a los padres. Las elecciones generales del 29 de noviembre las convocó el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre. leer la pieza →
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Dentro de este mismo pleito de medidas cautelares, el Tribunal Supremo requirió al Ministerio del Interior, en una providencia, que certifique en dos días si pasaron los controles de seguridad legales los 61.603 dispositivos alquilados para identificar en las mesas electorales a quien vote con el DNI digital el 29 de noviembre; si la certificación es afirmativa, pide además la documentación técnica de esa verificación. La Sala toma esta decisión «antes de resolver» una petición de Iustitia Europa para levantar la suspensión del portal MiDNI. En el mismo trámite, rechazó el escrito de Iustitia Europa contra el acuerdo de la Junta Electoral Central del 5 de noviembre que había levantado la suspensión del DNI digital para identificar electores, pero dio traslado a la JEC para que alegue en tres días sobre las cautelares solicitadas. leer la pieza →
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El INE comunicó a la Sala, en un escrito de la Abogacía del Estado en su nombre, que 113.326 personas nacionalizadas por la ley de nietos quedan afectadas por la suspensión cautelar del voto y no podrán votar el 29 de noviembre: la cifra resulta de depurar duplicidades y descontar a menores, a quienes obtuvieron la nacionalidad tras el cierre del censo (1 de agosto) y a quienes ya estaban inscritos en el censo antes de la entrada en vigor de la ley, sobre las 163.355 del listado nominal de Exteriores «a 1 de agosto» — frente a los 162.454 que manejaba el propio tribunal el 9 de noviembre. Iustitia Europa replicó que 35.925 de esos registros no aparecen en el Censo Electoral de Residentes Ausentes y pedirá al Supremo que el INE explique su situación censal individualizada. leer la pieza →