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El Supremo exige a Interior certificar los dispositivos de voto con DNI digital

El Tribunal Supremo dio este martes, 17 de noviembre, dos días al Ministerio del Interior para certificar si pasaron los controles de seguridad legales los 61.603 dispositivos alquilados para identificar en las mesas a quien vote con el DNI digital el 29 de noviembre, según la providencia a la que ha tenido acceso Europa Press. El mismo día, el INE fijó en 113.326 los nacionalizados por la «ley de nietos» que no podrán votar.

Renato Davila · 17 de noviembre de 2026 · nacional

Fachada blanca del Tribunal Supremo en Madrid vista de frente, con la inscripción «Tribunal Supremo» bajo el frontón, un grupo escultórico y la bandera de España en lo alto, tres puertas de madera, una valla baja de hierro delante y árboles a ambos lados.
Imagen de archivo: sede del Tribunal Supremo en la plaza de la Villa de París de Madrid, fotografiada el 13 de septiembre de 2025. (Foto: Javier Perez Montes, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

A doce días de las generales, el Supremo quiere ver por escrito que las máquinas que comprobarán la identidad de los votantes con DNI digital son seguras. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha requerido al Ministerio del Interior, en una providencia —una resolución judicial de trámite— fechada el martes 17 de noviembre de 2026, que certifique en un plazo de dos días si «se han realizado los controles de seguridad» exigidos por la ley sobre esos aparatos, según Europa Press, que ha tenido acceso al documento. La providencia no se ha hecho pública.

El tribunal pregunta en concreto por lo ocurrido después de que Interior firmara el contrato de suministro, en régimen de alquiler, de 61.603 dispositivos destinados a «la comprobación de la identidad de los electores que utilicen la versión digital del DNI» en las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre. Y si la respuesta es afirmativa, no basta con decirlo: «En el supuesto de que la certificación sea afirmativa, adjunte a la misma la documentación técnica justificativa de la verificación y control de seguridad», escriben los magistrados.

Quién lo pide y por qué

La Sala toma esta decisión, dice, «antes de resolver» una petición del partido Iustitia Europa, que preside el abogado Luis María Pardo. La providencia describe esa petición como «levantar la suspensión del portal MiDNI sobre la base de la confirmación del Ministerio del Interior de que las mesas electorales dispongan de dispositivos con cámara y navegador capaces de utilizar el verificador oficial del DNI para poder ejercer el derecho al voto».

En el mismo trámite, la Sala rechazó el escrito de Iustitia Europa contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC, el órgano que supervisa los procesos electorales) del 5 de noviembre, que había levantado la suspensión del uso del DNI digital para identificar a los electores. Pero no cerró la puerta: dio traslado del escrito a la JEC para que, en tres días, «presente las alegaciones que tenga por conveniente a su derecho sobre las medidas cautelares solicitadas». Las medidas cautelares son decisiones provisionales que un tribunal adopta mientras resuelve el fondo de un pleito.

Todo ello ocurre dentro de la pieza de medidas cautelares abierta en el Supremo sobre el voto de los nacionalizados por la llamada «ley de nietos».

El otro frente: 113.326 personas que no votarán

Esa misma pieza produjo el martes una segunda cifra. El Instituto Nacional de Estadística (INE) comunicó a la Sala que 113.326 personas quedan afectadas por la suspensión cautelar del voto que el Supremo acordó para los nacionalizados por la «ley de nietos» —la disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 que abrió la nacionalidad a descendientes de exiliados— que no han acreditado esa condición, y que por tanto no podrán votar el 29 de noviembre, según un escrito de la Abogacía del Estado en nombre del INE al que también ha tenido acceso Europa Press. El escrito, según esa información, «ha sido sometido a la supervisión de la Junta Electoral Central».

La cifra es bastante menor que la que manejaba el propio tribunal hace ocho días. El 9 de noviembre, el Supremo mantuvo la suspensión sobre 162.454 personas: las 163.355 del listado de Exteriores menos las 901 que habían aportado certificación consular de exilio. El INE explica el recorte paso a paso:

  • Del listado nominal del Ministerio de Asuntos Exteriores, con 163.355 nacionalizados por esta vía registrados «a 1 de agosto», se retiraron 9.707 registros de menores de edad en la fecha de la votación o de personas que obtuvieron la nacionalidad después del cierre del censo electoral, también el 1 de agosto. Quedaron 153.648.
  • De ellos, 117.723 figuraban en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA, el de los españoles que viven en el extranjero). Al descontar a 729 de los 901 con certificado de exilio que estaban en ese censo, quedaron 116.994.
  • Tras «depurar posibles duplicidades», el registro bajó a 114.799 electores.
  • Un informe del 5 de noviembre excluyó a 1.283 que ya estaban inscritos en el censo antes de la entrada en vigor de la ley (113.516), y otro del 11 de noviembre encontró a 190 más en esa situación. Resultado: 113.326.

Sobre los 38.728.356 electores del censo aplicable a estas elecciones —la cifra que citó el 9 de noviembre la magistrada María Alicia Millán en su voto particular—, los afectados suponen alrededor del 0,29 %, según cálculo propio.

Los 35.925 que faltan

Iustitia Europa, personado en la causa, no da la cuenta por cerrada. En una nota de prensa recogida por Europa Press, el partido subraya que de los 153.648 registros el INE «únicamente identifica 117.723» en el CERA, de modo que 35.925 no aparecen en el censo de españoles en el extranjero. Exige conocer su «situación censal individualizada» y sostiene que, si alguno corresponde a electores afectados por las cautelares, la suspensión debe alcanzarles también si fueron trasladados al Censo Electoral de Residentes en España. Anuncia que pedirá al Supremo que el INE lo explique, que se identifiquen esos posibles traslados con sus fechas, que se acredite cómo se separan y excluyen los votos suspendidos y que el tribunal «pueda verificar el cumplimiento íntegro de sus resoluciones antes de las elecciones del 29 de noviembre». Es la posición de una parte del pleito; el INE no la ha contestado públicamente.

Contexto

El pleito arrancó en julio, cuando Iustitia Europa y Vox recurrieron ante el Supremo el acuerdo de la JEC que se negó a frenar las altas en el CERA derivadas de la ley de nietos. En septiembre, el tribunal suspendió cautelarmente los efectos electorales de esas inscripciones hasta dictar sentencia, salvo para quien acredite el exilio de sus padres o abuelos. El fondo del asunto sigue sin resolver.

Fuentes