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La UE pacta plazos máximos para autorizar renovables, baterías y redes eléctricas

El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, bajo Presidencia irlandesa, cerraron en la madrugada del 18 de noviembre de 2026 un acuerdo provisional que fija plazos máximos para los permisos de placas solares, baterías y puntos de recarga, crea una ventanilla digital única en cada país y obliga a repartir beneficios con los vecinos de los proyectos de más de 7 megavatios.

Renato Davila · 18 de noviembre de 2026 · bruselas

Torres de alta tensión alineadas a través de campos verdes bajo un cielo despejado, con una subestación eléctrica al fondo, a la derecha. Ver el vídeo
Imagen de archivo: líneas de alta tensión que salen del parque eólico de Fântânele-Cogealac, en el condado de Constanza (Rumanía), en septiembre de 2024. (Foto: Joe Mabel, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)) Al pulsar se carga el vídeo desde YouTube (Google); hasta entonces esta página no contacta con YouTube. Abrir en YouTube →

Una línea de transporte eléctrico tarda en Europa unos diez años en construirse, y más de la mitad de ese tiempo se va en papeles. Un parque renovable puede esperar hasta nueve años su autorización; una instalación de baterías, entre uno y siete. Son las cifras con las que el propio Parlamento Europeo justifica el pacto que sus negociadores cerraron con el Consejo de la UE —la institución que reúne a los gobiernos de los Veintisiete, hoy presidida por Irlanda— en la madrugada del 18 de noviembre de 2026.

El acuerdo es provisional y forma parte del llamado «paquete de redes», el conjunto de normas que la Comisión Europea propuso el 10 de diciembre de 2025 para modernizar la red eléctrica europea. Esta pieza del paquete se ocupa de lo más prosaico y lo que más frena: los permisos. Salió de un trílogo, la negociación a tres bandas entre Parlamento, Consejo y Comisión en la que se pacta el texto final de una ley europea.

Qué cambia

Según el comunicado del Parlamento, el texto pactado:

  • Obliga a cada Estado miembro a tener un portal digital único donde tramitar todos los pasos de un permiso, y crea un marco de autorización común en toda la UE para las infraestructuras de red.
  • Fija plazos máximos: tres meses para equipos solares y para el almacenamiento instalado junto a ellos (salvo el de hidrógeno); seis meses para baterías independientes y puntos de recarga; y hasta dos años para las centrales hidroeléctricas de bombeo, que almacenan energía subiendo agua a un embalse para turbinarla después.
  • Limita a tres meses la conexión a la red, ampliables a seis si está justificado, con excepciones para sistemas aislados o pequeños como los de las regiones ultraperiféricas (en el caso español, Canarias).
  • Duplica, de 100 a 200 kilovatios, la potencia por debajo de la cual las pequeñas instalaciones solares, las baterías (salvo hidrógeno) y los puntos de recarga no necesitan permiso. Los puntos de recarga de hasta 1 megavatio montados sobre estructuras artificiales —un aparcamiento cubierto, una marquesina— tampoco necesitarán autorización administrativa.
  • Rebaja de 10 a 7 megavatios el tamaño a partir del cual un proyecto está obligado a repartir beneficios con las comunidades locales afectadas. Quedan exentas las comunidades energéticas renovables —proyectos propiedad de vecinos, pymes o ayuntamientos—, y los Estados podrán destinar ayudas a consumidores vulnerables y a hogares en pobreza energética.
  • Presume que los proyectos renovables y de red son de «interés público superior», una etiqueta jurídica que les da prioridad cuando chocan con otras normas, por ejemplo ambientales. Los Estados solo podrán apartarse de esa presunción en casos justificados de patrimonio cultural o de seguridad y defensa.

Lo que dicen los negociadores

El ponente del Parlamento, el socialdemócrata danés Niels Fuglsang (S&D), habló de «un paso muy importante» para lograr un despliegue más rápido de renovables y redes «en beneficio de nuestros ciudadanos, para mitigar el cambio climático y potenciar nuestra competitividad». El presidente de la comisión de Industria, el polaco Borys Budka (PPE), resumió la queja que dice oír «desde reuniones con particulares hasta empresas que emplean a miles de personas»: «los procedimientos tardan demasiado y las decisiones llegan demasiado despacio».

Son valoraciones de quienes negociaron el texto, que aún no se ha publicado íntegro.

Contexto

El paquete de redes avanza por varias vías a la vez. En septiembre, la comisión de Industria de la Eurocámara ya fijó su posición sobre la reforma de las redes energéticas transfronterizas, otra de sus piezas. En España, el Consejo de Ministros elevó en 17.900 millones de euros el tope de inversión en redes eléctricas hasta 2030 el 28 de julio, con el argumento de que los límites vigentes se quedaban cortos ante las peticiones de acceso a la red.

Próximos pasos

El acuerdo no es todavía ley. La comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento debe votar el texto en una próxima reunión; después tienen que respaldarlo el pleno de la Eurocámara y el Consejo antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE.

Fuentes