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El órgano de coordinación autonómica de los fondos europeos no tomó ninguna decisión

La conferencia sectorial con la que el Gobierno debía coordinar con las comunidades autónomas el Plan de Recuperación, de 102.560 millones de euros, se reunió solo cuatro veces entre 2021 y enero de 2026 y no adoptó «ninguna decisión», según un informe del Tribunal de Cuentas aprobado el 29 de octubre de 2026.

Renato Davila · 8 de noviembre de 2026 · economia

Edificio de ladrillo rojo y piedra clara de cuatro plantas visto desde una esquina, con un escudo y una bandera de España en la fachada, coches aparcados, peatones en la acera y un jardín en primer plano bajo un cielo azul.
Imagen de archivo: fachada de la sede del Tribunal de Cuentas, en la calle de Fuencarral 81 de Madrid, en 2009. (Foto: Luis García (Zaqarbal), CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons))

Cuatro reuniones en cinco años y ni un solo acuerdo. Ese es el balance que el Tribunal de Cuentas hace de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el foro en el que el Gobierno y las comunidades autónomas debían coordinar el reparto y la ejecución de los fondos europeos de la pandemia. «No hay constancia de que la Conferencia sectorial haya adoptado ninguna decisión (acuerdo o recomendación) respecto a la coordinación de la implementación del Plan», escribe el órgano fiscalizador en su informe n.º 1.698, que su Pleno aprobó el 29 de octubre de 2026 y elevó a las Cortes Generales y al Gobierno.

El hallazgo lo destacó este domingo, 8 de noviembre, Europa Press. El Tribunal ya había publicado el informe el 30 de octubre con una nota de prensa que no mencionaba la conferencia.

Cuatro reuniones, todas informativas

Una conferencia sectorial es el órgano en el que el ministerio competente se sienta con los consejeros autonómicos del ramo. La del Plan de Recuperación la preside la titular de Hacienda —en esos años, María Jesús Montero, que llegó a ser también vicepresidenta primera, recuerda Europa Press— y la forman además tres secretarios de Estado y los consejeros de las comunidades y de Ceuta y Melilla. Su función, según el Real Decreto-ley 36/2020 que la creó, era «canalizar adecuadamente la participación» de las comunidades en los proyectos del plan y «establecer mecanismos y vías de cooperación y coordinación».

El anexo 5 del informe detalla lo que hizo, que cabe en cuatro líneas:

  • 21 de enero de 2021: se constituyó y se expuso la propuesta de reglamento interno.
  • 19 de abril de 2021: aprobó ese reglamento y se le presentó el proyecto de plan.
  • 2 de agosto de 2021: se informó del estado del plan y de los pasos siguientes.
  • 19 de junio de 2024: el ministro de Economía presentó, «con carácter informativo», el diseño del Fondo de Resiliencia Autonómica.

Hasta enero de 2026 no hubo más. Las reuniones tuvieron «un carácter principalmente informativo» y no se cumplió la periodicidad anual que fijaba el propio reglamento interno. Tampoco hay información sobre la actividad de la Comisión de Coordinadores de Fondos Europeos, el órgano que debía preparar esas sesiones.

El Tribunal reitera lo que ya dijo en un informe anterior, el n.º 1.543: que la participación de las comunidades en el diseño y la ejecución del plan «hubiera exigido la adopción de acuerdos o recomendaciones formales» entre el Estado y las demás administraciones, como prevé el artículo 151 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Donde sí se habló de fondos

La coordinación real, según el informe, se hizo en otra parte: en las conferencias sectoriales de cada materia (educación, vivienda, empleo…), que el Tribunal identifica como «el instrumento principal en la gestión autonómica» del plan. Se celebraron más de 200 vinculadas a los fondos, aunque ni siquiera esa cifra es firme: el Tribunal encuentra discrepancias entre el quinto informe de ejecución del Gobierno, de junio de 2025, que suma 30 reuniones en 2024 a las 192 celebradas desde 2021, y los datos del portal del Ministerio de Política Territorial, y advierte de que los informes no indican de dónde salen sus números.

La conferencia general era, sin embargo, el argumento del Gobierno ante quienes pedían más voz para los territorios. Formaciones como el PNV y Esquerra Republicana (ERC) reclamaron en varias ocasiones participar en el diseño de los grandes proyectos —como los PERTE, los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, diseñados por la Administración central— o directamente regionalizarlos, y el Ejecutivo respondía que para eso existía ese foro, según recuerda Europa Press.

Un plan que no se puede seguir por el presupuesto

La conferencia es solo uno de los cinco órganos de dirección y participación creados en 2020 para gobernar el plan que examina el informe, que abarca desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2024. El resto de conclusiones va en la misma línea: en muchos casos no se precisaron sus funciones, algunas decisiones no quedaron documentadas y ninguno de los órganos analizados hace seguimiento de los fondos destinados a cumplir los hitos y objetivos pactados con Bruselas.

Además, la liquidación de los presupuestos asociados al plan «no permite determinar el estado de ejecución», porque contabiliza como gastado todo el dinero transferido a comunidades, ayuntamientos y otras entidades, lo hayan aplicado o no. El Tribunal recomienda al Gobierno definir con precisión los órganos de gobernanza de futuros planes y a la Secretaría General de Fondos Europeos desarrollar lo necesario para un «seguimiento eficaz» de la ejecución económica y presupuestaria del plan.

Contexto

El Plan de Recuperación, aprobado en 2021, da a España acceso a hasta 102.560 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo: 79.854 millones en ayudas no reembolsables y 22.706 millones en préstamos. El plazo para ejecutar sus hitos y objetivos venció el 31 de agosto de 2026, con 78.000 millones ya ingresados y el último tramo aún por solicitar a esa fecha.

Fuentes: Tribunal de Cuentas, informe de fiscalización n.º 1.698 (epígrafe II.2.1.4, conclusión 7 y anexo 5), resumen y nota de prensa del 30 de octubre de 2026; Europa Press, 8 de noviembre de 2026.