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El Supremo tumba un permiso exigido a los barcos de rescate fuera de España

El BOE publicó el 9 de noviembre la sentencia del Tribunal Supremo que anula, a petición de Open Arms, la norma que obligaba a los barcos privados de rescate con bandera española a llevar permiso de las autoridades de salvamento del destino para zarpar hacia aguas no españolas.

Renato Davila · 9 de noviembre de 2026 · nacional

El buque Open Arms, casco blanco con franjas rojas y el nombre en letras naranjas, amarrado en un muelle frente a edificios de piedra
Imagen de archivo: el buque Open Arms en el puerto de Siracusa (Sicilia, Italia), en noviembre de 2019. (Foto: Octagon / Wikimedia Commons, CC BY 3.0)

Un barco privado de rescate con bandera española ya no necesita el visto bueno de las autoridades de salvamento de su destino para zarpar fuera de aguas españolas. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el lunes 9 de noviembre de 2026 el fallo de la sentencia de 8 de septiembre de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que declara «la nulidad de pleno derecho» de la letra b) del artículo 10 del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima.

El recurso (número 614/2023) lo presentó la Fundación Proa, la entidad que está detrás de la ONG Proactiva Open Arms, contra el Real Decreto 186/2023, de 21 de marzo, que aprobó ese reglamento.

Qué exigía la norma anulada

El artículo 10 regula el despacho —el permiso administrativo para que un barco salga de puerto— de los buques y embarcaciones privados que se dedican a la búsqueda y el salvamento marítimo. Para ellos no basta el trámite general: necesitan una autorización expresa del director general de la Marina Mercante.

La letra b), ahora anulada, añadía un requisito más. Cuando el barco fuera a navegar fuera de los espacios marítimos españoles, debía presentar también una «autorización expresa otorgada por las autoridades responsables de las regiones de búsqueda y salvamento de destino». Esas regiones son las zonas en las que se reparte el mar para que cada Estado costero coordine los rescates. Dicho de otro modo: para dejar zarpar a un barco de rescate con su bandera fuera de aguas españolas, España exigía antes el permiso de quien coordina los rescates en la zona de destino, que puede ser otro Estado.

Lo que sigue en vigor

El fallo anula solo esa letra. El resto del artículo 10 sigue vigente: las embarcaciones privadas de rescate siguen necesitando la autorización expresa de la Marina Mercante y deben presentar la documentación del artículo 11 (la solicitud, al menos 48 horas antes de la salida prevista). Siguen obligadas también a mantener las condiciones del despacho en sus navegaciones posteriores y a respetar la normativa internacional de búsqueda y salvamento.

El Supremo condena en costas a la Administración, es decir, le impone pagar los gastos del juicio. Lo hace con un límite que el texto publicado en el BOE no cuantifica: remite al último fundamento de la sentencia, que no se reproduce.

Por qué importa la publicación

La sentencia es de septiembre, pero el BOE es el paso que la hace valer para todos. El propio fallo ordena publicarlo conforme al artículo 72.2 de la ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa, que da efectos generales a la anulación de una norma desde el día en que se publica.

La resolución la firman los siete magistrados de la Sección Tercera, presidida por José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat. El BOE solo recoge la parte dispositiva, la decisión, sin los razonamientos jurídicos que la sostienen.

Fuentes