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El Supremo anula el decreto de bienestar porcino por un fallo de tramitación

El Tribunal Supremo ha declarado nulo el Real Decreto 809/2025, que clasificaba las granjas de cerdos según corten o no la cola a los animales, porque su informe de impacto obligatorio incumplió «de manera sustancial» la ley. La sentencia, del 15 de octubre y a instancia de los porcinocultores andaluces de ARAPORC, se publicó en el BOE el 16 de noviembre de 2026.

Renato Davila · 16 de noviembre de 2026 · nacional

Fachada neoclásica del edificio del Tribunal Supremo en Madrid, con la plaza de enfrente cubierta de nieve y árboles sin hojas
Imagen de archivo: sede del Tribunal Supremo en Madrid, tras la nevada de enero de 2021. (Foto: Luis García (Zaqarbal), CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons)

Las nuevas reglas para criar cerdos en España no han caído por lo que decían, sino por cómo se hicieron. La Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sección Quinta) ha anulado por completo el Real Decreto 809/2025, de 16 de septiembre, que reformaba las normas mínimas de protección de los cerdos. El fallo, que el BOE publicó el 16 de noviembre de 2026, estima el recurso contencioso-administrativo 396/2025 de la Asociación Regional Andaluza de Productores de Ganado Porcino y de la Dehesa Española (ARAPORC) y no impone las costas a ninguna de las partes.

Un informe que no estuvo a la altura

El tribunal declara la nulidad de pleno derecho —la invalidez más grave, que borra la norma como si no hubiera existido— porque el decreto se aprobó con un procedimiento en el que la Memoria de Análisis de Impacto Normativo «incumplió de manera sustancial las exigencias derivadas del artículo 26» de la Ley 50/1997, del Gobierno. Esa memoria es el informe que el ministerio proponente debe preparar antes de aprobar un real decreto: justifica por qué hace falta la norma y evalúa, entre otras cosas, cuánto cuesta y a quién afecta.

El propio decreto presumía de lo contrario. Su preámbulo aseguraba que se ajustaba a los «principios de buena regulación» y que no imponía «nuevas cargas administrativas». La norma la propusieron los ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y la aprobó el Consejo de Ministros el 16 de septiembre de 2025.

Qué cambiaba el decreto anulado

El texto del Real Decreto 809/2025, publicado en el BOE el 10 de octubre de 2025 y en vigor desde el 9 de marzo de 2026, giraba en torno al raboteo: el corte de la cola a los lechones para evitar la caudofagia, que es como se llama a los mordiscos que los cerdos se dan unos a otros en la cola cuando están estresados o hacinados. España ya había endurecido en 2023 las reglas contra el raboteo rutinario, y el decreto de 2025 dividía las granjas en tres tipos:

  • Tipo 1, las que mantienen a todos sus cerdos con la cola intacta: quedaban libres de algunos de los requisitos de 2023 y volvían a las densidades de la directiva europea de 2008.
  • Tipo 2, las que todavía rabotean pero cumplen medidas extra: podían criar más apretados a los cerdos de cebo más pesados (0,68 metros cuadrados por animal de 85 a 110 kilos, frente a 0,74 en el resto de granjas) a cambio de un plan de bienestar animal, control continuo de la temperatura, un veterinario de explotación, un consumo de antibióticos que no supere en más de un 10% la referencia nacional y una prueba de que, entre los cerdos activos que exploran, más del 86,4% lo hace con los materiales de enriquecimiento —objetos para hozar y morder— y no con sus compañeros o el corral.
  • Tipo 3, el resto.

Lo que el fallo no aclara

El BOE publica solo la parte dispositiva de la sentencia —el fallo—, no sus fundamentos jurídicos. No se sabe todavía qué apartados de la memoria consideró insuficientes el Supremo, ni qué pasa con las granjas que ya se habían clasificado como tipo 1 o tipo 2 mediante declaración responsable ante su comunidad autónoma. Tampoco ha habido, a la hora de escribir esta pieza, reacción pública del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ni de las organizaciones de bienestar animal.

La sentencia sí es definitiva en un sentido: el propio fallo ordena su publicación conforme al artículo 107.2 de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, que manda publicar en el diario oficial las sentencias que anulan una norma general a contar desde que son firmes.

Fuentes