Merlin cifra en 863 millones el sobrecoste del decreto de centros de datos
Merlin Properties calculó el 13 de noviembre de 2026, al presentar sus resultados de enero a septiembre, que el proyecto de real decreto de centros de datos le obligaría a invertir 863 millones de euros más en el peor escenario; su consejero delegado, Ismael Clemente, llamó a la norma "intrínsecamente abusiva".
Merlin Properties, una socimi —sociedad cotizada de inversión inmobiliaria, con ventajas fiscales a cambio de repartir casi todo su beneficio— que se ha lanzado a construir centros de datos, ya tiene puesto precio al decreto que prepara el Gobierno: 863 millones de euros. Es lo que la compañía calcula que tendría que añadir a sus inversiones para cumplirlo, en el escenario más pesimista. Lo contó su consejero delegado, Ismael Clemente, el viernes 13 de noviembre, en la conferencia de resultados de los nueve primeros meses del año, según una información de Europa Press publicada por El Confidencial.
La cifra figura en la presentación a inversores que Merlin colgó ese mismo día (en inglés). Sale de la exigencia de «correlación horaria» del proyecto: respaldar cada hora con renovables de esa misma hora buena parte del consumo eléctrico del centro. Para lograrlo, Merlin ha calculado cuántas baterías (BESS, por sus siglas en inglés: sistemas de almacenamiento en baterías) y cuántas placas solares necesitaría. La presentación etiqueta el resultado como gasto en baterías: 863 millones para cinco proyectos que suman 338 megavatios de potencia informática, unos 1,2 millones por megavatio. Equivale al 11,3% de los 7.671 millones de inversión prevista. De ese sobrecoste, la empresa da por perdidos 553 millones (el 7,2% del total); el resto, algo más de un tercio, espera recuperarlo.
«Se las han pasado por el arco del triunfo»
Clemente no se quedó en la hoja de cálculo. Según Europa Press, dijo que la primera versión del decreto fue un “desastre” que recibió cientos de alegaciones y que el Gobierno ignoró: “Básicamente, no han prestado atención a ninguna de ellas. Se las han pasado todas por el arco del triunfo”. Calificó la segunda versión de “intrínsecamente abusiva” y cargó contra una figura nueva, la de «interés nacional estratégico». A su juicio, existe para que la candidatura española a la gigafábrica europea de inteligencia artificial quede exenta, “porque saben a ciencia cierta que no puede cumplir”. “Han dejado el cumplimiento del real decreto únicamente en manos de los operadores privados del mercado, que son los malos”, ironizó. El texto de esa segunda versión no es público, así que estas afirmaciones sobre su contenido son de Clemente.
Aun así, el consejero delegado da por hecho que la norma saldrá adelante. Merlin baraja su aprobación en los Consejos de Ministros del 17, 20 o 24 de noviembre, antes de las elecciones generales del 29, o bien entre el 29 de noviembre y el 23 de diciembre, con el Gobierno ya en funciones, “sea cual sea su color político”. Clemente sostuvo que el decreto se ha convertido en “una especie de ‘sujétame la cerveza’” para el Gobierno, que a su juicio lo ha metido en la campaña.
Por eso la compañía dice que “prefiere prepararse para lo peor”. “Hemos dado por hecho que el real decreto esté en vigor y que seguirá estándolo en un futuro previsible. […] Eso significa, básicamente, que a partir de ahí solo podemos mejorar”, explicó.
El plan MEGA encoge
El decreto no es el único frente. Merlin rebaja la capacidad total de su plan de centros de datos, que llama MEGA, de 724 a 704 megavatios. Deja “en suspenso por el momento” dos edificios, Arasur 4 y 5, de su campus de Bilbao-Arasur, por problemas con el suministro eléctrico, según Europa Press. Compensará parte de esa potencia ampliando los campus de Portugal y Madrid y con un segundo proyecto en Aragón. La cifra de 704 megavatios aparece en la presentación y en el resumen ejecutivo de resultados.
Mientras, el negocio va bien. Ese resumen recoge un FFO —el beneficio de la actividad ordinaria: ebitda menos intereses, minoritarios e impuesto de sociedades recurrente— de 274,5 millones de euros entre enero y septiembre, un 11,9% más que los 245,4 millones del mismo periodo de 2025. Por acción, el FFO fue de 0,44 euros, un 1,7% más, porque la ampliación de capital de marzo repartió el beneficio entre más títulos. Los ingresos crecieron hasta 466,2 millones y el beneficio neto contable, un 14,8%, hasta 669,7 millones. La empresa eleva su previsión de FFO para todo 2026 a 0,58 euros por acción.
Qué pide el decreto
El proyecto de real decreto, que el Ministerio para la Transición Ecológica sacó a audiencia pública por vía urgente en agosto, obliga a los centros de datos de un megavatio o más a cubrir al menos el 80% de su consumo con renovables nuevas y a casar cada hora ese consumo con la generación renovable de la misma hora, como condición para obtener el permiso de conexión a la red. El texto original sigue en la página de la consulta del ministerio. En septiembre, la patronal del sector, SpainDC, avisó de reclamaciones multimillonarias si se cambiaban las reglas a proyectos ya en marcha.
Según la presentación de Merlin, el texto ya tiene dos dictámenes no vinculantes: el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), del 22 de septiembre, que respalda los objetivos pero pide cambios de fondo, y el del Consejo de Estado, del 6 de noviembre, con «observaciones esenciales». Ninguno de los dos documentos está enlazado en la presentación.
Los 863 millones son una estimación de la propia empresa afectada, hecha sobre un escenario que ella misma llama el peor posible, y no la ha contrastado nadie de forma independiente. Las cifras de resultados sí son las que Merlin ha comunicado al mercado.
Fuentes
- Europa Press, en El Confidencial: «Merlin critica el decreto de ‘data centers’, se prepara para “lo peor” y estima coste extra de 863 millones» (13 de noviembre de 2026).
- Merlin Properties: «Addressing market concerns», presentación a inversores (13 de noviembre de 2026; en inglés).
- Merlin Properties: Resumen ejecutivo de resultados 9M26.
- Ministerio para la Transición Ecológica: audiencia pública del proyecto de real decreto de centros de datos sostenibles.