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El Gobierno recurre ante el Constitucional la «prioridad nacional» de la ley valenciana

El Consejo de Ministros acordó el martes 10 de noviembre de 2026 llevar al Tribunal Constitucional 16 de los 200 artículos de la ley de acompañamiento de los presupuestos valencianos, que PP y Vox aprobaron en julio. Entre ellos, la «prioridad nacional» en vivienda y ayudas sociales y el veto al burka. Además, pide suspender parte de esos artículos.

Renato Davila · 10 de noviembre de 2026 · nacional

Elma Saiz, con chaqueta gris y el pelo corto y oscuro, habla ante un micrófono y gesticula con ambas manos, sentada a una mesa con una jarra y un vaso de agua, delante de las banderas de España y de la Unión Europea
La ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 10 de noviembre de 2026, en La Moncloa. (Foto: Pool Moncloa / Sandra Armada)

La ley que PP y Vox aprobaron en Les Corts Valencianes el verano pasado llega al Tribunal Constitucional. El Consejo de Ministros del martes 10 de noviembre de 2026 pidió al presidente del Gobierno que presente un recurso de inconstitucionalidad contra 16 artículos de la Ley 5/2026, de 31 de julio, conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2026. El recurso lleva el dictamen favorable del Consejo de Estado, según la referencia oficial del Consejo de Ministros. Esa es la vía para tumbar una ley: solo el Constitucional puede anularla.

Además, el Gobierno invoca el artículo 161.2 de la Constitución para que se suspendan algunos de los preceptos impugnados. En la práctica, cuando el tribunal admite el recurso, esos artículos dejan de aplicarse mientras se estudia el caso. El Constitucional tiene después un máximo de cinco meses para mantener la suspensión o levantarla. La referencia no precisa qué artículos quiere el Gobierno ver suspendidos.

Lo que se impugna

La referencia ordena los 16 artículos en cinco bloques:

  • «Prioridad nacional» en vivienda y prestaciones. Seis artículos (el 43, 44, 45, 46, 132 y 140) condicionan el acceso a la vivienda protegida y a la renta valenciana de inclusión a años mínimos de residencia o empadronamiento: cinco, diez o quince, en algunos casos exigidos incluso a los ascendientes del solicitante. El Gobierno sostiene que vulneran la igualdad ante la ley (artículo 14 de la Constitución) y el derecho a la vivienda (artículo 47). Añade que chocan con la ley de extranjería y con la jurisprudencia europea. La referencia cita una respuesta de la Comisión Europea en el Parlamento Europeo: un Estado no puede exigir a los residentes de larga duración más de cinco años de residencia para acceder a la vivienda o a la protección social. También subraya que la norma deja fuera a quien no sea residente de larga duración en el municipio o la comunidad, «aun siendo de nacionalidad española».
  • Rostro descubierto. Seis artículos imponen identificación visual y prohíben las prendas que tapan la cara en transporte, función pública, sanidad, centros educativos, policías locales y espectáculos. Quien no cumpla puede ser rechazado en la entrada, expulsado o multado. El Gobierno alega que eso afecta a la libertad religiosa, que solo puede regularse con ley orgánica (la que exige mayoría absoluta del Congreso). También alega que invade competencias del Estado en seguridad pública y sanidad. Y advierte de que las multas pueden disuadir de ir al médico.
  • Personas LGTBI en las aulas. La ley cambia los «incluirán» y «organizarán» de la norma valenciana de 2018 por fórmulas voluntarias, y borra las referencias expresas a las personas LGTBI. La referencia admite que la mención genérica a la igualdad que queda es constitucional. Lo que recurre es la supresión del programa de educación sexual que incluía la diversidad sexual, familiar y de género.
  • Infancia: «no nacidos» y menús. El Gobierno impugna solo tres palabras de la ley de infancia valenciana: «no nacidos y». Con ellas, la protección del «derecho a la vida» se extiende a los no nacidos. Según el Gobierno, la doctrina del Constitucional reserva ese derecho a los nacidos. Avisa también de que el inciso puede obstaculizar el aborto en los términos de la ley estatal. En el mismo bloque recurre que los comedores solo deban ofrecer menús alternativos por razones médicas y no religiosas o culturales. Lo considera discriminación indirecta por religión.
  • Renovables. Un artículo permite al Consell (el gobierno valenciano) declarar «prioritarios» proyectos de energía cuya aprobación corresponde al Estado. El Gobierno ve ahí una invasión de competencias estatales.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Elma Saiz, sostuvo que la «prioridad nacional» «contradice condiciones básicas como la igualdad entre personas y el estatuto de personas extranjeras». Así lo recogen el resumen de la rueda de prensa de La Moncloa y Europa Press. Ese mismo día, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, habló con los medios en Torrent (Valencia). Según Europa Press, dijo que hay artículos «abiertamente anticonstitucionales» y otros «más disfrazados». También dijo que la «prioridad nacional», tal como quedó en la ley, «incumplía de plano la Constitución».

¿16 o 20 artículos?

Europa Press habla de 20 artículos impugnados en seis bloques. Entre ellos incluye dos asuntos que no aparecen en la referencia oficial. Uno es la prioridad en la reagrupación familiar de los menores tutelados. El otro, un requisito de diez años de antigüedad para que funcionarios de otras administraciones accedan a puestos directivos de la Generalitat. Esta pieza sigue la cifra del acuerdo publicado por el Gobierno: 16 artículos en cinco bloques.

Contexto

PP y Vox pactaron la «prioridad nacional» mediante enmiendas registradas el 24 de julio. Entonces dejaron fuera de las prestaciones sociales «estructurales» a las personas en situación irregular, salvo urgencia vital, y endurecieron el empadronamiento exigido para la renta valenciana de inclusión (lo contamos aquí). La ley se aprobó con fecha de 31 de julio.

Los argumentos de esta pieza son los del Gobierno, que es parte en el pleito. El Constitucional todavía no se ha pronunciado, ni siquiera sobre la admisión del recurso. Ni la referencia oficial ni Europa Press recogían una respuesta de la Generalitat, del PP o de Vox a este recurso.

Fuentes