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El Gobierno somete a alegaciones el decreto de universidades que anuló el Supremo

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades abrió el 12 de noviembre de 2026, hasta el 2 de diciembre, la información pública del nuevo real decreto que endurece los requisitos para crear universidades, después de que el Tribunal Supremo anulara el anterior por haberse tramitado por la vía urgente sin justificarlo.

Renato Davila · 12 de noviembre de 2026 · nacional

Retrato de estudio de una mujer de pelo castaño oscuro cortado a la altura de la mandíbula, con jersey negro de cuello alto, sonriendo a cámara sobre un fondo gris claro.
Imagen de archivo: Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, en su retrato oficial de noviembre de 2023. (Foto: Pool Moncloa / La Moncloa – Gobierno de España, uso libre con atribución (Wikimedia Commons))

Desde el jueves 12 de noviembre cualquier ciudadano, universidad o asociación puede enviar sus alegaciones al proyecto de real decreto con el que el ministerio que dirige Diana Morant quiere poner coto a la apertura de universidades de poca calidad. El plazo acaba el 2 de diciembre, ambos días incluidos. El trámite de información pública —la fase en la que el texto ya redactado se publica para recibir observaciones antes de aprobarlo— se abrió un día antes del arranque de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, como destacó Europa Press.

Qué exige el nuevo texto

El borrador publicado por el ministerio modifica el Real Decreto 640/2021, que regula cómo se crean, reconocen y autorizan las universidades, y otras tres normas conexas. Sus piezas centrales:

  • Informe vinculante previo. Antes de que una comunidad autónoma cree una universidad pública o reconozca una privada, su agencia de calidad —o la estatal, ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), si no tiene una propia inscrita en el registro europeo— deberá emitir un informe «preceptivo y vinculante»: si es negativo, el proyecto no sale adelante.
  • Tamaño mínimo. La memoria del nuevo centro deberá prever más de 4.500 estudiantes matriculados en títulos oficiales a los seis años de empezar, y a partir de entonces al menos la mitad del alumnado tendrá que ser de grado, con salvedades para las más internacionalizadas.
  • Investigación y profesorado. Se endurecen los requisitos de investigación y transferencia y se refuerzan las condiciones para obtener y renovar la acreditación institucional, con especial atención al profesorado.
  • También para las que ya existen. Según el resumen oficial del trámite, las universidades actuales «están obligadas a adaptarse» al nuevo marco.

Por qué lo justifica el Gobierno

El preámbulo del proyecto describe un sistema que ha cambiado de escala: en 1983 había en España 33 universidades públicas y 4 privadas; en septiembre de 2025, 50 públicas y 46 privadas. El ministerio sostiene que algunas privadas fueron reconocidas por ley autonómica pese a una valoración negativa de la Conferencia General de Política Universitaria —el órgano en el que se sientan el Estado y las comunidades— y que las privadas, casi la mitad de las universidades activas, captaron en 2023 solo el 5% de los recursos para investigación del sistema. Son cifras del propio ministerio, que es parte interesada en la reforma.

A Europa Press, el departamento de Morant le resumió el motivo en «un riesgo de que se consoliden modelos universitarios que no respondan de forma suficiente a los estándares de calidad docente e investigadora» que, a su juicio, han caracterizado a la universidad española.

El precedente: la anulación del Supremo

El texto es, en esencia, una segunda oportunidad. El Gobierno ya aprobó esas exigencias en el Real Decreto 905/2025, del 7 de octubre de 2025. La Sala Tercera del Tribunal Supremo lo anuló por sentencia del 6 de octubre de 2026, que estimó el recurso de la empresa Máster del Conocimiento, SL, y condenó en costas a la Abogacía del Estado hasta 6.000 euros; el fallo se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 23 de octubre. Según la información de Europa Press, el tribunal consideró que el acuerdo para tramitar la norma por la vía urgente no estuvo «debidamente justificado» y que, por tanto, saltarse la consulta previa «carecía del amparo legalmente exigido».

Esta vez el ministerio ha seguido el camino largo. Abrió una consulta pública previa del 15 al 30 de octubre, en la que recibió 29 observaciones, y la memoria de análisis de impacto normativo que acompaña al proyecto declara en su ficha que la tramitación urgente es «NO» y que se opta «por la vía de la tramitación ordinaria». El mismo documento, sin embargo, arrastra en su apartado 5.2 un párrafo por rellenar que empieza «Una vez acordada su tramitación urgente» y fija el trámite «entre el XX y el XX de 2026».

Fuentes