Las ofertas de empleo tendrán que publicar el sueldo desde el 19 de noviembre
El Real Decreto-ley 39/2026, aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de noviembre y publicado en el BOE el 18, obliga a poner el salario en las ofertas de empleo, prohíbe preguntar a los candidatos cuánto cobraban y endurece las sanciones por represalias; entra en vigor el 19 de noviembre.
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Quien busque trabajo en España podrá saber, desde el 19 de noviembre de 2026, cuánto paga el puesto antes de presentarse. Y la empresa ya no podrá preguntarle cuánto cobraba en el anterior. Son las dos novedades más visibles del Real Decreto-ley 39/2026, que el Consejo de Ministros aprobó el 17 de noviembre y el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 18. Según su disposición final séptima, entra en vigor al día siguiente de la publicación.
El decreto-ley —una norma con rango de ley que el Gobierno dicta por urgencia y que el Congreso debe convalidar después— remata la incorporación al derecho español de dos directivas europeas: la 2019/1152, de condiciones laborales transparentes y previsibles, y la 2023/970, de transparencia retributiva entre mujeres y hombres. Reescribe para ello el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Empleo, el reglamento de igualdad retributiva de 2020 y la ley de infracciones y sanciones laborales.
El sueldo, a la vista antes de la entrevista
Las ofertas de empleo deberán incluir la «retribución inicial del puesto», basada en criterios «objetivos y neutros con respecto al género», y el convenio colectivo aplicable. Ni las empresas ni las agencias de colocación, públicas o privadas, podrán preguntar a los candidatos por su historial salarial, ni en el empleo actual ni en los anteriores. Los anuncios y los nombres de los puestos tendrán que ser neutros en cuanto al género.
Dentro de la empresa, cada trabajador podrá pedir por escrito, y recibir en un máximo de dos meses, su retribución individual y la media, desglosada por sexo, de quienes hacen su mismo trabajo o uno de igual valor. Serán nulas las cláusulas que le impidan contar lo que cobra. Las empresas de 50 o más trabajadores tendrán que explicar sus criterios de progresión salarial y enviar datos de brecha de género —la diferencia de retribución media entre hombres y mujeres— a una nueva Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva, adscrita al Ministerio de Trabajo, con Gobierno, sindicatos y patronal. Ese primer informe llega antes del 8 de junio de 2027 para las empresas de 150 o más empleados y antes del 8 de junio de 2031 para las de 50 a 149. Quien reclame por discriminación salarial tendrá tres años para hacerlo, contados desde que cese la situación.
El periodo de prueba, con matices que la nota oficial no cuenta
La referencia del Consejo de Ministros resume el cambio en el periodo de prueba en un «máximo de seis meses». El texto publicado en el BOE es más preciso: seis meses para técnicos titulados, dos para el resto de trabajadores y tres para quienes no son titulados en empresas de menos de 25 empleados. Esas cifras ya figuraban en el artículo 14 del Estatuto, pero solo regían a falta de convenio; ahora son el tope, y un convenio solo puede superarlo si justifica la causa: la naturaleza del empleo, el interés del trabajador o la necesidad de evaluarle tras una suspensión del contrato. En los contratos temporales de seis meses o más, la prueba no podrá pasar de un mes, y en los más cortos se reduce en proporción. Será nula si el trabajador ya hizo esas mismas funciones antes en la empresa.
Contratos más previsibles
Todo contrato, dure lo que dure, dará derecho a recibir por escrito sus elementos esenciales; hasta ahora se exigía solo en los de más de cuatro semanas. Quien trabaje a tiempo parcial deberá conocer con al menos tres días de antelación el día y la hora de sus horas complementarias —las que se pactan por encima de la jornada—, salvo que el convenio fije un plazo menor. Si no se le avisa, podrá negarse sin consecuencias, y si la empresa las cancela cobrará igualmente las horas no trabajadas. Las empresas no podrán prohibir que su plantilla trabaje también para otras, salvo por causas objetivas —salud y seguridad, confidencialidad, conflicto de intereses— o con un pacto de plena dedicación compensado con dinero. Y los trabajadores podrán pedir el paso a un contrato más estable: de temporal a indefinido, de fijo discontinuo a ordinario o de parcial a completo.
Sanciones: represaliar pasa a ser muy grave
El decreto-ley introduce por primera vez en el Estatuto una «garantía de indemnidad» expresa: la empresa no puede castigar a quien reclame sus derechos laborales, ante ella o ante un juzgado. Hacerlo será infracción muy grave, igual que pedir datos prohibidos o personales en un proceso de selección. No entregar al trabajador la información esencial de su contrato deja de ser infracción leve y pasa a grave, como el incumplimiento de los planes de igualdad o no dar a los candidatos la información salarial exigida.
Por qué ahora y por decreto
El propio preámbulo explica la urgencia por el retraso. El plazo para trasponer la directiva de condiciones laborales venció el 1 de agosto de 2022; el 6 de febrero de 2026 la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto C-60/26) y pidió una multa a tanto alzado y otra coercitiva. El Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, que el Consejo de Ministros aprobó el 8 de septiembre, la había traspuesto solo en parte, admite ahora el Gobierno. La directiva de transparencia retributiva debía estar en vigor el 7 de junio de 2026, y en octubre Bruselas advirtió a España de que podía abrirle expediente. En julio, fuentes de Trabajo habían asegurado a El Mundo que la Comisión aceptaba cierta «laxitud» hasta el otoño, mientras negociaba con la patronal CEOE, que había presentado una enmienda a la totalidad al borrador.
Como todo decreto-ley, el texto ya rige, pero el Congreso debe convalidarlo o derogarlo en los 30 días siguientes a su promulgación (artículo 86 de la Constitución). Con las Cortes disueltas, esa función corresponde a la Diputación Permanente (artículo 78).
Fuentes
- Boletín Oficial del Estado, Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre, BOE núm. 287, 18 de noviembre de 2026 (documento primario).
- La Moncloa, referencia del Consejo de Ministros del 17 de noviembre de 2026.
- Boletín Oficial del Estado, Constitución Española, artículos 78 y 86.