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Un decreto-ley permite a los maquinistas parar el tren ante un riesgo grave

El Consejo de Ministros aprobó el martes 10 de noviembre de 2026 un real decreto-ley que reconoce a los maquinistas el derecho a detener el tren, o a no arrancarlo, ante un «riesgo grave e inminente» y los protege de represalias por avisar de fallos de seguridad. Llega 13 días después del choque de Urda (Toledo), con 69 muertos, y el mismo día de una huelga de maquinistas en Renfe.

Renato Davila · 10 de noviembre de 2026 · nacional

Tren de alta velocidad de Renfe, blanco con franja roja y los faros encendidos, cruza un largo viaducto de hormigón bajo la catenaria; al fondo, una colina de eucaliptos a contraluz con el sol bajo y el cielo anaranjado
Imagen de archivo: un tren de Renfe sobre un viaducto de alta velocidad, fotografía que el Ministerio de Transportes difundió con la nota del real decreto-ley. (Foto: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible)

Si quien conduce el tren ve un peligro grave e inminente, podrá frenar o quedarse parado sin miedo a que lo sancionen. Es la medida más visible del real decreto-ley —una norma del Gobierno con fuerza de ley, que entra en vigor sin pasar antes por las Cortes— que el Consejo de Ministros aprobó el 10 de noviembre de 2026 a propuesta del Ministerio de Transportes, según la nota oficial del ministerio y la información de Europa Press y elDiario.es.

El texto reconoce a los trabajadores el derecho a tomar «las medidas necesarias y proporcionadas» ante un riesgo grave e inminente, incluida la interrupción de la marcha o la decisión de no iniciarla, con la obligación de comunicarlo «sin demora». Quien avise de un riesgo o actúe para preservar la seguridad queda protegido frente a represalias laborales o sanciones, salvo «actuación dolosa, mala fe o negligencia grave».

El texto aún no figuraba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 10 de noviembre; hasta que se publique, el detalle de las medidas procede del comunicado del ministerio.

Las cuatro patas de la norma

El ministerio dice que el decreto «busca dar respuesta a las reivindicaciones de las organizaciones sindicales» y lo ordena en cuatro bloques:

  • Tiempo de conducción. Contarán como conducción las maniobras con el tren en movimiento y las pausas en las que el maquinista sigue siendo responsable del vehículo. También cualquier hueco de menos de 45 minutos entre dejar de conducir y volver a hacerlo, aunque en ese rato no haga nada o le asignen otras tareas. Cuando conducen dos maquinistas a la vez —uno habilitado para el vehículo y otro para la vía—, el tiempo cuenta para los dos.
  • Más poder para el inspector. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), el organismo que supervisa la seguridad del ferrocarril, podrá entrar en instalaciones, trenes y equipos aunque pertenezcan a otra empresa distinta de la inspeccionada.
  • Cultura justa. Es el principio de que a la seguridad le sirve más que el personal cuente los errores y riesgos que verlo castigado por ellos. La Ley del Sector Ferroviario gana un capítulo con canales confidenciales para avisar de riesgos, y no habrá sanción si el trabajador comunica el problema antes, cesa la conducta y colabora con la investigación.
  • Jubilación. Se extienden los coeficientes reductores —que adelantan la edad de jubilación en oficios especialmente penosos o peligrosos— al personal de todas las empresas ferroviarias que operan en la red estatal y en líneas interoperables, para que quien hace el mismo trabajo tenga el mismo trato. Además se abre, con participación sindical, una revisión para estudiar si se incluyen otras categorías del sector.

En la misma reunión, el Gobierno aprobó un real decreto que crea el Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, con rango de subsecretario, para atender a víctimas y familias de accidentes de tren, avión, barco o autobús de competencia estatal. Según elDiario.es, era un compromiso pendiente con los afectados del accidente de Adamuz (Córdoba).

Un decreto en plena huelga

La norma llega 13 días después del choque entre un AVE y un tren de Iryo en Urda (Toledo), el 28 de octubre, en el que murieron 69 personas. La crisis se llevó por delante al ministro Óscar Puente, y Transportes lo lleva de forma interina el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Cuerpo se reunió el 5 y el 6 de noviembre con el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), que salió de ambos encuentros sin desconvocar sus paros en Renfe del 10 y el 12 de noviembre. El decreto se aprobó, así, el mismo día de la primera de esas huelgas, con servicios mínimos del 72% en el AVE y la larga distancia. Ni la nota del ministerio ni las informaciones consultadas recogen, a la hora de publicar, si el sindicato considera suficientes las medidas.

Queda un último paso. Un decreto-ley debe ser convalidado en un plazo de 30 días, y con las Cortes disueltas por las elecciones generales del 29 de noviembre esa votación corresponde a la Diputación Permanente del Congreso (artículos 78 y 86 de la Constitución).

Fuentes