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Un decreto actualiza la financiación autonómica y deja el SMI sin IRPF

El BOE publicó el 18 de noviembre de 2026 el Real Decreto-ley 38/2026, aprobado la víspera por el Consejo de Ministros: actualiza para 2027 el dinero que el Estado adelanta a comunidades y ayuntamientos pese a la prórroga presupuestaria y evita que quien cobre el nuevo salario mínimo, 18.004 euros al año, pague IRPF o sufra retención en la nómina.

Renato Davila · 17 de noviembre de 2026 · economia

Fachada de ladrillo rojo y piedra de un gran edificio neoclásico de cinco plantas en una calle de Madrid, con farolas, bancos, árboles sin hojas y peatones en la acera
Imagen de archivo: la Real Casa de la Aduana, sede del Ministerio de Hacienda en la calle de Alcalá de Madrid, en enero de 2020. (Foto: Heparina1985, CC BY-SA 4.0 (vía Wikimedia Commons))

Cuando un trabajador cobre en 2027 el nuevo salario mínimo, Hacienda no se quedará nada por el camino, ni siquiera de forma provisional. Y cuando una comunidad autónoma tenga que pagar en marzo las recetas de la farmacia o la ayuda a la dependencia, contará con anticipos calculados con números de 2027 y no con los de hace cuatro años. Las dos cosas las fija el Real Decreto-ley 38/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 18 de noviembre de 2026. Un real decreto-ley es una norma con rango de ley que el Gobierno aprueba por urgencia y que el Congreso debe convalidar después.

El salario mínimo, sin impuesto y sin retención

El Gobierno aprobó el 17 de noviembre el Real Decreto 1013/2026, que fija el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2027 en 18.004 euros anuales, 1.286 euros al mes en catorce pagas, con efectos desde el 1 de enero, según la referencia del Consejo de Ministros. Es la cifra que el Ministerio de Trabajo había sacado a audiencia pública el 4 de noviembre y que el presidente, Pedro Sánchez, anunció la noche del 16. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había avanzado que seguiría exenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Faltaba la norma que lo hiciera posible, y es esta.

El decreto lo justifica sin rodeos: sin tocar el impuesto, «el efecto de la prevista elevación salarial podría verse reducido por la aplicación de la normativa tributaria». Para evitarlo sube la deducción por rendimientos del trabajo: quien gane 18.004 euros brutos al año o menos se deducirá 1.033,58 euros, lo que deja su cuota a cero. La rebaja se va reduciendo para salarios algo mayores y desaparece en los 23.171,89 euros anuales.

La novedad está en la nómina. El decreto modifica también el reglamento del impuesto para que quien cobre el salario mínimo no sufra retención, «evitando como hasta ahora tener que presentar posteriormente la declaración anual del impuesto para lograr la devolución de las retenciones soportadas». Hasta ahora ese dinero se adelantaba a Hacienda y se recuperaba meses después. El Gobierno calcula que la medida alcanzará a 2,7 millones de contribuyentes y les ahorrará 1.200 millones de euros, cifras de la referencia del Consejo de Ministros que el decreto no desglosa.

Financiación autonómica: el dinero de 2027 sin Presupuestos de 2027

La mayor parte del texto resuelve otro problema. Cada mes el Estado adelanta a comunidades autónomas y ayuntamientos su parte de los impuestos que comparten, las llamadas «entregas a cuenta». La cuantía de esos anticipos la fija cada año la ley de Presupuestos Generales del Estado. España no aprueba unas cuentas nuevas desde las de 2023, una ausencia que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señaló el 4 de noviembre porque «dificulta la supervisión de las cuentas públicas». Sin decreto, las entregas de 2027 se habrían calculado con la previsión de ingresos considerada para 2023, y comunidades y ayuntamientos no habrían recibido el aumento de recaudación desde entonces.

El decreto ordena calcularlas con la previsión de ingresos tributarios con la que el Consejo de Ministros aprobó, el 7 y el 21 de julio de 2026, el límite de gasto no financiero de 2027 (el llamado techo de gasto). Y habilita el dinero para pagarlas: solo para el Fondo de Garantía —el que reparte entre comunidades los recursos para servicios básicos como sanidad y educación— concede un suplemento de crédito de 4.623,57 millones de euros.

Según la referencia del Consejo de Ministros, las comunidades recibirán en 2027 entregas a cuenta por 170.529 millones de euros, un 8,1% más que en 2026, y 185.593 millones (un 9,1% más) si se suma la liquidación prevista de 2025. Las entidades locales recibirán 31.826 millones, un 8,8% más, y 33.773 millones con su liquidación, un 11,5% más. Son cifras del Gobierno; el decreto fija el método de cálculo, no esos totales.

El texto explica qué pasaría sin la actualización: «importantes tensiones de tesorería en algunas Comunidades Autónomas, arriesgando su capacidad para hacer frente al pago de gastos relacionados con servicios públicos fundamentales, como los referidos a farmacia o dependencia». Algunas tendrían que endeudarse, y los proveedores que trabajan para las administraciones territoriales cobrarían más tarde.

No es la reforma del modelo de financiación autonómica que el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el 4 de septiembre. El decreto aclara que la actualización «no altera el régimen financiero actual» y se basa en la ley de 2009 que regula el sistema todavía vigente.

El superávit, a inversiones

El decreto permite además que comunidades y ayuntamientos dediquen su superávit presupuestario de 2026 a «inversiones financieramente sostenibles», como regla excepcional dentro de la ley de estabilidad presupuestaria, que en principio destina ese excedente a reducir deuda. Para las comunidades hay condiciones: no haber incurrido en déficit, y lo invertido en 2027 y 2028 no podrá superar su superávit de 2026.

Incluye también otras medidas menores. Entre ellas, según la referencia del Consejo de Ministros, tres millones de euros para que Canarias pague los gastos sanitarios extraordinarios en El Hierro por el aumento de llegadas de migrantes, y otros dos millones para el Cabildo de la isla.

Por qué por decreto

El texto invoca la «extraordinaria y urgente necesidad» que exige el artículo 86 de la Constitución y admite que «la situación parlamentaria no permite seguir el procedimiento legislativo ordinario». La norma entra en vigor el 19 de noviembre, día siguiente a su publicación, pero sus dos piezas principales arrancan con el año: el capítulo de financiación territorial entra en vigor el 1 de enero de 2027, y el cambio en el IRPF surte efectos desde esa misma fecha.

Fuentes