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El Gobierno aprueba 182,2 millones en ayudas por la dana Adam

El Consejo de Ministros aprobó el 10 de noviembre de 2026 un real decreto-ley de 182,2 millones de euros para reparar los daños de la dana Adam, que entre el 17 y el 19 de octubre descargó más de 700 litros por metro cuadrado en La Safor y la Marina Alta: obras, ayudas al campo y 5.000 o 10.000 euros por comercio afectado.

Renato Davila · 11 de noviembre de 2026 · nacional

Un terreno arrasado por el agua: losas de hormigón partidas y levantadas, socavones de tierra rojiza, un manto de grava y montones de ramas y raíces arrastradas contra un muro de piedra, con una ladera verde al fondo.
Daños causados por la dana Adam, en la imagen que acompaña la nota de La Moncloa sobre el real decreto-ley; el Gobierno no precisa el lugar. (Foto: La Moncloa)

Tres semanas después de que la dana Adam reventara caminos, acequias y playas en el sur de Valencia y el norte de Alicante, el Gobierno ha puesto cifra a la reparación. El Consejo de Ministros aprobó el 10 de noviembre de 2026 el Real Decreto-ley 33/2026, con medidas por 182,2 millones de euros, según la nota de La Moncloa. El texto salió el 11 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entra en vigor el día 12.

Las partidas que fija el propio decreto cuadran con esa cifra: 88,7 millones para el campo, 74,5 para costas y ríos, 15 para el comercio y 4 para reforzar las plantillas de las confederaciones del Júcar y del Segura y de Costas en la Comunitat Valenciana.

Qué pasó

Una dana —depresión aislada en niveles altos, lo que se conoce como gota fría— recibió el nombre de Adam: fue el primer sistema con nombre de la temporada 2026-2027, antes de las borrascas Bruna y Charles. Según el preámbulo del decreto, entre el 17 y el 19 de octubre dejó en algunos puntos de La Safor y la Marina Alta acumulados de más de 700 litros por metro cuadrado, y desbordó los ríos Vaca, Vernissa, Serpis y Girona, entre otros cauces. En la franja costera entre Murcia y Alicante —Pilar de la Horadada, San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares— cayeron 175 litros por metro cuadrado y las ramblas se desbordaron hacia la cuenca del Mar Menor. El decreto habla de «daños personales y materiales de considerable entidad» y cita también perjuicios en las Illes Balears y el litoral andaluz. El 27 de octubre el Consejo de Ministros declaró las zonas «gravemente afectadas por una emergencia de protección civil», paso previo a estas ayudas.

A dónde va el dinero

  • 88,7 millones para el campo. El grueso, 85 millones, paga obras de emergencia del Ministerio de Agricultura en caminos agrícolas y acequias, balsas y canales de riego, a través de la empresa pública Seiasa. A los agricultores asegurados con siniestro se les sube la subvención de la póliza hasta el 70 % de su coste —el tope que fija la normativa europea— y se les paga la parte del daño que la indemnización del seguro no cubre, si supera 100 euros; según La Moncloa, estas ayudas están exentas de tributación. Además, se reabre hasta el 1 de marzo de 2028 la línea de crédito DANA/ICO-MAPA-SAECA, que según La Moncloa incluye una ayuda a fondo perdido del 15 % del préstamo y sin coste de aval; el decreto no fija ese porcentaje.
  • 74,5 millones para costas y ríos, a cargo del Ministerio para la Transición Ecológica: 70 millones para reparar la costa valenciana —el dominio público marítimo-terrestre— y hacerla más resistente a futuros temporales; 3 millones para la Confederación Hidrográfica del Júcar y 1,5 para la del Segura, para cauces e infraestructuras hidráulicas.
  • 15 millones para comercio, turismo y hostelería, como subvención a la Cámara de España: 5.000 euros por establecimiento a los autónomos y 10.000 a las pymes. No basta con estar en un municipio afectado: hay que acreditar el daño con una declaración responsable y al menos un documento, pero sin peritaje individual. Se pagan por orden de llegada hasta agotar el dinero.
  • Impuestos y cuentas municipales. Exención del IBI de 2026 y rebaja del Impuesto de Actividades Económicas en los inmuebles dañados, que el Estado compensa a los ayuntamientos. Hacienda podrá rebajar los módulos del IRPF de las actividades agrarias. Y los ayuntamientos afectados podrán gastar el superávit de 2025, 2026 y 2027 en obras de reparación sin que esos gastos extraordinarios computen en las reglas fiscales.

La letra pequeña importa: las medidas fiscales y las del comercio solo valen en los municipios de la Comunitat Valenciana incluidos en la lista que publicó la Generalitat el 2 de noviembre, ampliable por la Delegación del Gobierno. Las ayudas agrarias se aplican a los municipios afectados según cada artículo.

Lo que el decreto arrastra de la dana de 2024

El texto aprovecha para cerrar cuentas pendientes de la dana de octubre y noviembre de 2024, la que golpeó la provincia de Valencia: fija una ayuda de 9.900 euros por hectárea para las parcelas agrícolas que aquella riada dejó irrecuperables, y abre la puerta a que el Estado asigne en 2027 recursos adicionales a la Comunitat Valenciana y a Extremadura por aquella dana y por las inundaciones registradas entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026.

La Moncloa recuerda, además, que el 3 de noviembre el Gobierno ya había declarado zonas gravemente afectadas por otros 45 episodios de mal tiempo registrados entre el 13 de septiembre y el 20 de octubre en nueve comunidades autónomas.

Falta la convalidación

Un real decreto-ley es una norma con rango de ley que dicta el Gobierno por urgencia: rige desde su entrada en vigor, pero el Congreso debe convalidarlo en 30 días, según el artículo 86 de la Constitución. Con las Cortes disueltas por el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, que convocó las elecciones generales del 29 de noviembre, esa votación corresponde a la Diputación Permanente del Congreso, como prevé el artículo 78.

Fuentes