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La Diputación Permanente vota el 12 de noviembre los decretos de vivienda

La Diputación Permanente del Congreso votará el jueves 12 de noviembre de 2026 si convalida los dos decretos leyes de vivienda del Gobierno, un día después de la huelga general y horas antes de que arranque la campaña del 29-N. Según Europa Press, el voto del PNV salvaría el más amplio y dejaría caer el de la indemnización al inquilino.

Renato Davila · 8 de noviembre de 2026 · nacional

Interior del hemiciclo del Congreso de los Diputados, con la tribuna presidencial bajo un dosel de terciopelo rojo y el escudo de España, escaños granates en primer plano y el techo pintado al fondo
Imagen de archivo: el hemiciclo del Congreso de los Diputados, en Madrid, en diciembre de 2014. (Foto: Barcex, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons))

El jueves 12 de noviembre, a las 9.00, la Diputación Permanente del Congreso decidirá el destino de los dos decretos leyes de vivienda que el Gobierno volvió a aprobar tras disolverse las Cortes. La sesión figura en la agenda oficial del Congreso como «convalidación o derogación de reales decretos-leyes», y Europa Press, que ha consultado el orden del día, precisa que son los de vivienda. El calendario es apretado: la votación llega un día después de la huelga general del 11 de noviembre —que, entre otras cosas, reclama frenar la especulación con la vivienda— y justo antes de que la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre arranque a las cero horas del viernes 13.

La Diputación Permanente es el órgano reducido que mantiene vivas las funciones del Congreso cuando la Cámara está disuelta. Convalidar un decreto ley significa darle el visto bueno parlamentario: estas normas entran en vigor nada más publicarse, pero la Constitución (artículo 86) obliga a que el Congreso las ratifique o las derogue en un plazo de treinta días. Los dos textos se publicaron en el BOE el 7 de octubre.

Qué se vota

Son dos normas distintas, y no tienen el mismo futuro.

El decreto amplio es el Real Decreto-ley 29/2026, «para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible». Entre otras medidas:

  • Desahucios. Suspende hasta el 31 de diciembre de 2030 los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional cuando quien demanda es una entidad dedicada a comprar inmuebles o carteras de hipotecas impagadas. Con el resto de demandantes, la suspensión se revisa periódicamente, dura como máximo tres años y prevé compensaciones para los propietarios que sean personas físicas.
  • Alquiler. Los inquilinos al corriente de pago pueden pedir una prórroga extraordinaria de su contrato, por años y hasta un máximo de dos, si su prórroga obligatoria termina antes del 31 de diciembre de 2028. Además, hasta el 31 de diciembre de 2027, la renta no podrá subir si ya supera el límite del sistema estatal de índices de precios de referencia.
  • Financiación. Crea el mecanismo «Tu Casa»: préstamos de hasta 50.000 euros al 0% para comprar la primera vivienda, con carencia hasta terminar de pagar la hipoteca (como máximo 30 años) y diez años para devolverlos. Europa Press cifra su dotación en 10.000 millones de euros y lo sitúa en el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El decreto dota además con 400 millones un Fondo de Vivienda de Impacto Social y endurece, según la agencia, las condiciones para las compras especulativas de los llamados fondos buitre.

El segundo es el Real Decreto-ley 28/2026, sobre la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual. Cuando un contrato supera los cinco años —siete si el casero es una empresa— y ninguna de las partes avisa, se prorroga automáticamente por otros cinco (o siete). Si el propietario decide no renovarlo, debe indemnizar al inquilino con la cantidad mayor de estas dos: doce mensualidades calculadas con el valor más alto que el índice estatal de precios de alquiler asigna a esa vivienda, o una mensualidad por cada año que el inquilino haya vivido en ella. No hay indemnización si existe una causa justificada, como que el dueño necesite la vivienda.

La aritmética: 35 contra 34

Ambos decretos ya cayeron una vez. A principios de octubre, en el Pleno, PP, Vox, Junts y UPN —que sumaban mayoría absoluta, 178 escaños— votaron en contra de los dos; el de la indemnización al inquilino tuvo también el rechazo del PNV y de Coalición Canaria. Aquella derrota precipitó el adelanto electoral. Con las Cortes disueltas, el Gobierno aprobó de nuevo los textos con pequeños cambios para que no fueran idénticos y los llevó a la Diputación Permanente, donde las cuentas son otras.

Según el recuento de Europa Press, de sus 69 miembros, PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos —este último en representación de todo el Grupo Mixto— suman 34, los mismos que PP, Vox y Junts. El único diputado del PNV desempata. La agencia afirma que los nacionalistas vascos han confirmado que repetirán lo que hicieron antes del adelanto: sí al decreto amplio y no al de la indemnización. Si se cumple, el primero se convalidaría por 35 votos a 34 y el segundo quedaría derogado.

El resto del orden del día

Esa misma mañana comparece, a petición propia, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para explicar la planificación de la red eléctrica hasta 2030. La Diputación Permanente tendrá que reunirse otra vez para votar otros dos decretos pendientes: uno de medidas de protección social y laboral y otro con las ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

La votación coincide con la víspera de una campaña que los partidos ya han empezado a calentar: el PP, por ejemplo, ha anunciado que arrancará el mismo jueves 12 con una pegada de carteles en Badalona.

Fuentes