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Pedraz admite en el caso Leire a la asociación de la jueza Biedma

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz aceptó el 12 de noviembre que el Foro Judicial Independiente, la asociación de la jueza Beatriz Biedma, acuse en el caso Leire Díez, pero solo integrado en la acusación popular que lidera el PP; la asociación recurrirá, según Europa Press.

Renato Davila · 14 de noviembre de 2026 · nacional

Fachada de la sede de la Audiencia Nacional en Madrid: un edificio de oficinas de nueve plantas revestido de paneles grises con ventanas en cuadrícula, la bandera de España junto a la entrada y árboles y viandantes en la acera.
Imagen de archivo: sede de la Audiencia Nacional, en Madrid, fotografiada en noviembre de 2015. (Foto: FDV, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons))

Una asociación de jueces quería sentarse en el caso Leire Díez con voz propia. Se sentará, si paga, al lado del Partido Popular. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz aceptó el jueves 12 de noviembre, en una providencia —una resolución judicial de trámite, sin el razonamiento extenso de un auto—, que el Foro Judicial Independiente (FJI) se persone en la causa como acusación popular, según contaron fuentes jurídicas a Europa Press. La acusación popular es la figura que permite a un ciudadano o a un colectivo acusar en un proceso penal sin ser la víctima del delito.

El FJI es la asociación a la que pertenece Beatriz Biedma, la jueza de Badajoz que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Dentro, pero junto al PP

Pedraz rechazó, siempre según esas fuentes, que el FJI actúe como parte separada. Quedará integrado en la acusación popular unificada que encabeza el PP en cuanto abone una fianza de 10.000 euros, el depósito que se exige a quien ejerce esa acusación. El juez denegó también que la asociación quedara exenta de pagarla.

En el FJI no gustó ninguna de las dos decisiones. La asociación lamenta quedar dentro de una acusación de perfil «muy político», lejos de su interés en el caso: «actuar como asociación profesional en defensa de su asociada y de toda la carrera judicial». Avanzó a Europa Press que recurrirá ambas resoluciones, y sobre todo la que le impide ir por su cuenta, porque entiende que «ha de ejercer la acusación popular libre de cualquier imagen de afinidad con partidos políticos, sean del signo que sean». Si no lo consigue, podría abandonar la causa, aunque dice esperar no llegar a ese punto.

La decisión de personarse no es nueva: la asamblea del FJI la ratificó al cerrar su XXII Congreso, la semana pasada, junto con su «apoyo y solidaridad» a Biedma «ante las actuaciones de presión y persecución» y el compromiso de darle asesoramiento y asistencia jurídica.

Por qué está ahí la jueza

Biedma ya figura en la causa como perjudicada. Lo pidió al denunciar que había sido objeto «de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos». Acusa además al exjuez Luis Sáenz de Tejada, imputado en el caso, de poner en peligro «su integridad física». Son las acusaciones de la jueza en su denuncia; ningún tribunal se ha pronunciado sobre ellas.

El FJI ya había reprochado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, su «indolencia» por no condenar por unanimidad de sus vocales los hechos denunciados. Si consta «una situación de sufrimiento y zozobra padecida por una juez por el mero hecho de haber desarrollado su trabajo», escribió la asociación, el Consejo «habría de mostrar un apoyo sin fisuras, con independencia de si las personas investigadas son inocentes o culpables de tales hechos».

El caso

Pedraz investiga en la Audiencia Nacional una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE. Según la instrucción, la habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante del partido Leire Díez, que da nombre al caso. Desde agosto el juez instruye la causa entera, después de que el juzgado de Madrid que la abrió se la remitiera, como se contó en esta pieza de septiembre. Por su despacho han pasado ya como investigados la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y el exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos, que negaron los hechos (aquí y aquí).

Todas las personas señaladas en la causa están investigadas: ninguna ha sido juzgada ni condenada. La providencia de Pedraz no es pública; lo que aquí se cuenta de ella procede de las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press y no ha podido verificarse de forma independiente.

Fuentes