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La Audiencia Nacional tumba los beneficios penitenciarios de tres presos de ETA

El juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, rechazó el 10 de noviembre la semilibertad de la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, «Anboto», y revocó los terceros grados que el Gobierno vasco había dado a Juan Antonio Olarra Guridi y Arkaitz Aguirregabiria, a petición de la Fiscalía.

Renato Davila · 10 de noviembre de 2026 · nacional

Edificio de oficinas de fachada gris y varias plantas, con árboles y una bandera de España junto a la entrada, en una calle de Madrid
Imagen de archivo: sede de la Audiencia Nacional en Madrid, en 2015. (Foto: FDV, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons))

Tres autos, tres negativas. El magistrado José Luis Castro, titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional —el que vigila cómo cumplen condena los presos juzgados por ese tribunal, entre ellos los de terrorismo—, ha dado la razón a la Fiscalía en los tres recursos que había presentado contra beneficios concedidos a miembros de ETA, según los autos recogidos por Europa Press el 10 de noviembre.

Los autos no se han hecho públicos, y ninguna de las dos informaciones aclara si son firmes o pueden recurrirse.

Anboto: segunda negativa

La más conocida de los tres es Soledad Iparraguirre, «Anboto», exjefa de ETA. La Junta de Tratamiento de su prisión —el órgano de la cárcel que propone la evolución de cada preso— había planteado aplicarle la semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Ese artículo permite un régimen mixto: el preso sigue en segundo grado, el ordinario, pero con salidas propias del tercero, el régimen abierto, en el que el preso hace vida fuera durante el día y, por lo general, solo vuelve a dormir a un centro penitenciario.

Castro dice no por segunda vez. Según Europa Press, la AN ya le había retirado antes esa semilibertad, que el Gobierno vasco le había otorgado en dos ocasiones. El juez considera la medida «prematura» y reprocha que la propuesta «reitera lo ya propuesto» sin «nuevos elementos». Más allá de una actividad de voluntariado, la Administración no aporta hechos nuevos que justifiquen el cambio.

Iparraguirre cumple una pena acumulada de 30 años por «delitos de terrorismo extremadamente graves con nueve asesinatos», además de tenencia de explosivos y de armas, estragos y un delito contra la Corona. El auto recuerda que tiene «procedimientos penales pendientes de enjuiciamiento», entre ellos por asesinato, lo que obliga, en palabras del informe fiscal que hace suyo el juez, a «extremar la cautela». Según El Confidencial, su licenciamiento definitivo —la fecha en que termina de cumplir la condena— está fijado para septiembre de 2034.

Olarra Guridi y Aguirregabiria vuelven al régimen mixto

Juan Antonio Olarra Guridi, condenado por diez asesinatos consumados y 144 en grado de tentativa, sí convence al juez de que ha tenido una «evolución positiva». Pero no de que esté consolidada: la flexibilización empezó en julio de 2025, un «periodo relativamente corto», y el tercer grado exige más tiempo de observación. Castro pesa también lo que falta de condena —licenciamiento el 7 de septiembre de 2032— y el pago de la responsabilidad civil como «mecanismo de reparación a las víctimas». Lo mantiene en el régimen del 100.2, que ya tenía. Europa Press recuerda que la Audiencia Nacional ya había revocado en julio otro tercer grado concedido a Olarra Guridi por el Ejecutivo vasco, por los mismos motivos.

Arkaitz Aguirregabiria, condenado por 38 delitos de terrorismo, entre ellos el asesinato del gendarme francés Jean-Serge Nérin en Francia en marzo de 2010, corre la misma suerte: pierde el tercer grado y sigue en el régimen mixto. El juez escribe que ese paso solo debe darse «con una cierta garantía de éxito» y que la gravedad del delito, aunque no puede bloquear la progresión, «sí debe ser tenido en cuenta». Aguirregabiria cumplió tres cuartas partes de su condena en agosto de 2023 y la extingue en noviembre de 2029.

Un revés para la política penitenciaria vasca

El Gobierno vasco gestiona las cárceles de Euskadi desde que asumió la competencia en 2021, y en los tres casos fue la Fiscalía de la Audiencia Nacional la que recurrió sus decisiones ante el juzgado central. El Confidencial califica las tres resoluciones de «nuevo revés» para esa política. Las dos de Olarra Guridi y Aguirregabiria anulan decisiones del propio Ejecutivo autonómico; la de Iparraguirre, la propuesta de la junta de su prisión.

Fuentes